¿Cuántas personas recurren al servicio de alguien para que cuide de los niños, o de su anciano padre? ¿Cuántas han echado mano de un profesor particular para que dé clase de inglés a sus hijos? Sin duda, una inmensa mayoría. Pero… ¿cuántas veces la contratación de este servicio se ha realizado de forma legal? A tenor de los datos que maneja la Asociación Española de Servicios a la Persona – AESP , muchas menos de las debidas. Este sector, que incluye un sinfín de trabajos, mantiene en la economía sumergida a más de un millón y medio de hombres y mujeres. Reflotarlos a la superficie es una asignatura pendiente. Pero el los sucesivos Gobiernos demoran el rescate, pese a que se trata de un sector con enorme capacidad para generar empleo.
El rápido envejecimiento de la población y la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo acercan un escenario en el que la sociedad demandará aún más estos servicios a las personas. Su regulación es una prioridad, asegura la AESP, que solo ve ventajas en ello: afloramiento gradual de la economía sumergida, donde ahora permanecen un millón de personas sin derechos y poco cualificadas; emergería un yacimiento de empleo, no deslocalizable y sostenible en el tiempo al aumentar la demanda de este tipo de servicios. Además, el rescate de esta actividad daría paso al desarrollo de un sector empresarial, tanto rural como urbano, muy intensivo también en la generación de puestos de trabajo.
Se podrían crear en España un millón de empleos en 2018 si se regula el sector de servicios a la persona.
Habría más seguridad para quienes solicitan estos servicios y los prestan. ¿Se imaginan que una trabajadora sumergida se caiga por las escaleras mientras limpia el hogar? Pagar la correspondiente indemnización arruinaría el patrimonio del empleador para toda la vida. Y también más calidad, con profesionales formados. Pero para regularizar esta situación, «hay que conseguir que el coste de los servicios en la economía oficial sea similar a lo que ahora pueden costar en la economía sumergida», comenta Javier Benavente, presidente de AESP. «Esto significa que la parte que cobra el Estado de esos salarios, Seguridad Social por ejemplo, sea más reducida para que los particulares lo puedan pagar». No se olvide que el motivo por el que muchos recurren a la economía sumergida es porque no tienen capacidad para pagar en la economía oficial.
IVA «cero o super reducido»
Si se contrata a través de una empresa, Benavente reclama un IVA cero o super reducido, ya que «es un sobrecoste que el particular no se puede deducir». De hecho, la UE permite, para salir de la economía sumergida, que ese IVA sea cero o super reducido. «Pedimos que en España se aplique esta normativa europea».
Hay otra demanda prioritaria: Incentivos fiscales. «Si usted contrata un servicio, debe tener una deducción en la Declaración de la Renta, con lo cual a la familia le interesa hacerlo en la economía oficial». Y la desgravación se hace más necesaria, si cabe, en el caso de los autónomos, recuerda el presidente de la mencionada asociación. «Ese gasto para coger a alguien porque el niño se ha puesto enfermo y tienes que ir a trabajar debe ser deducible. Es un gasto necesario para poder tener un ingreso. Pero ahora no es así. ¿Qué pasa, ¿no tengo hijos? O ¿dejo solo a mi padre anciano durante horas?», plantea Benavente.
Es cierto, con todo, que hay quien se siente más cómodo si es invisible. Por ejemplo, «gente que está cobrando el paro, o la pensión mínima de 400 euros, mientras realiza trabajos en la economía sumergida. Y claro, si se da de alta oficialmente, dejaría de cobrar». Pero el paro se acaba y, en cambio, con un empleo regulado disfrutaría de Seguridad Social. El Estado también saldría beneficiado porque dejaría de pagar esa parte de desempleo o de pensiones mínimas que ahora salen de las arcas públicas de forma fraudulenta.
En 2016 había 426.765 trabajadoras dadas de altas en el sistema especial de empleadas de hogar, pero ni este, ni los anteriores gobiernos, se deciden a hincar el diente a esta economía sumergida. El Real Decreto 1620/2011 aplica solo parcialmente una Directiva europea, ya que solo regula la relación laboral de las empleadas de hogar. No obstante, y con sus «pegas», sirve como referencia porque desde su entrada en vigor, y gracias a las cotizaciones especiales para los empleadores, ha crecido el número de altas en la seguridad social de estas trabajadoras.
Los servicios a la persona no incluyen aquellos prestados por el sector público derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia ni los Servicios Sociales.
Impacto en la economía
Benavente está convencido de que con una regulación «surgirían un montón de empresas grandes, medianas, pequeñas; autoempleadedores… Se convertiría en una gran industria, dentro de una gran economía oficial». Según un estudio encargado por la AESP, se podrían crear más de un millón de empleos en 2018. Y otro millón de auto empleo si se aplican medidas favorables a los autónomos. A todo ello habría que sumar empleos indirectos derivados de la incorporación al mercado laboral de muchas mujeres que aún no se deciden porque no quieren recurrir a la economía sumergida o porque hacerlo de forma legal con la actual normativa le resultaría muy costoso contratar a alguien.
Francia es en este caso un referente para Europa, ya que ha aplicado algunas de las demandas de la AESP a través de la conocida como Ley Borloo. El pasado 7 de febrero, Jean Francois Lebrun, asesor cualificado del Ministerio de Finanzas galo, estuvo en Madrid, y expuso la conclusión de esta política llevada a cabo por París: el balance para las arcas de la Administración entre el gasto público que se ha invertido en servicios a la persona y el efecto retorno resulta equilibrado, con una ligera ganancia de 70 millones de euros, gracias al impacto positivo de los empleos que existen en el sector.
En el vecino país, el 50% de los gastos destinados a los servicios a la persona para poder ir a trabajar es deducible. Aquella persona a la que la Declaración de la Renta le sale negativa porque tiene pocos ingresos simplemente no la tiene que hacer, se beneficia de un crédito de impuestos del 50%. «Esto es trasladable a España», asegura rotundo Benavente. Según el estudio Olivier Wyman, desde la entrada en vigor, en 2005, de las medidas aplicadas en el vecino país sobre servicios a la persona, el número de usuarios ha crecido un 54%.
Un buen principio con un mal destino
Para Javier Benavente, hay un motivo más para regular el sector de servicios a la persona. Recuerda que el dinero que el Gobierno destina a personas beneficiadas por la Ley de Dependencia se desvía hacia la economía sumergida. Asegura que al hacerse la Ley, la previsión era que se iba a autofinanciar con las cotizaciones de los nuevos empleos que se crearían en este ámbito. ¿Qué ha pasado? Que parte de ese dinero se va a la economía sumergida, porque la gente echa mano de un vecino, o de un familiar, al que no se le da de alta. O se lo gastan en pagarle la hipoteca a su hija… «Y nosotros decimos a esto que no, que contrate en la economía oficial –afirma el presidente de AESP–, porque ese dinero se le da para esto. Y a través de empresas dedicadas a eso y controladas». Y ahí el Estado tendría un ahorro de un 20 o 25%.
Reportaje publicado en ABC y escrito por Javier Pagola.
