Jornada anual sobre los derechos de las personas mayores en el siglo XXI

A finales del pasado mes de junio tuve el placer de asistir a la Jornada ‘Derechos de las personas mayores del siglo XXI‘, organizada por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). El objetivo de la misma fue crear un espacio de diálogo en torno a tres temáticas muy interesantes, con el fin de dar voz a las personas mayores, el cual, bajo mi punto de vista, se cumplió con gran éxito.

En esta ocasión moderé la primera mesa denominada “El envejecimiento en la Discapacidad Intelectual”, donde se trataron aspectos muy relevantes en la actualidad.

El primero en tomar la palabra fue el gerente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Javier García, destacando que “envejecer es un proceso discapacitante que, en las personas con deficiencia intelectual, se acelera considerablemente y aunque hoy alcancen los 60 años, son pocos los que llegan a los 70 y muy escasos los que pasan de los 80″. También apuntó que “para estas personas, el acompañamiento de las familias es crucial, pero la Administración, las Asociaciones y la sociedad también deben hacerlo movilizando sus recursos”.

Elvira Conde, directora gerente de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios (Fundación Tutelar), hizo hincapié en que «estas personas tienen múltiples patologías asociadas y envejecen muy deprisa”.

El presidente de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, José María Escudero, padre de un hijo autista de diez años, habló sobre la angustia de los padres pensando qué sucederá con sus hijos cuando ellos falten. En palabras suyas: “es agotador para toda la familia. Todos sus miembros envejecen más rápido, pero la familia es fundamental cuando uno de sus miembros es discapacitado intelectual”. Denunció que “no se trabaja en la prevención y las ayudas a estas personas terminan cuando cumplen los 18 años, precisamente cuando empiezan a ser cada vez más necesarias”.

Por último, Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), explicó que es imprescindible invertir el 2% del PIB en la discapacitación, que es la media europea, muy lejos de nuestro actual 0,5%. El problema es la invisibilidad que en España tiene el sector social y de mayores. Entre las medidas que podemos adoptar destacó la flexibilidad y la implantación de la tecnología en los servicios sociales.

La segunda mesa fue la de “Pensiones y Sostenibilidad del Sistema”, moderada por Mariqueta Vázquez, presidenta de la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Favorable.

El coloquio lo inició María Ángeles Poveda, portavoz de la Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, que aseguró que, a pesar de la crisis de la Seguridad Social y las declaraciones alarmistas del Tribunal de Cuentas, el Sistema Público de Pensiones es fuerte y sostenible. Afirmaba que, bajo su criterio, el Pacto de Toledo no ha traído ningún beneficio a los pensionistas.

A continuación, intervino la diputada del PSOE Elvira Ramón, asegurando que «las reformas que necesita el sistema no puede hacerlas un gobierno, tienen que hacerse desde el consenso aportando ingresos vía Presupuestos Generales del Estado y por vía impositiva, retomando en consenso del 2011, eliminando gastos de la Seguridad Social y, sobre todo, teniendo en cuenta que las reformas no pueden desnaturalizar el sistema».

Para el representante del PP, José Ignacio Echániz, “nuestro sistema de la Seguridad Social es muy generoso. De hecho, aquí uno se jubila con el 72% del sueldo, mientras que en los países de nuestro entorno se hace con el 50%”. Bajo su opinión, el gran reto que debemos afrontar es el desequilibrio del sistema que hay que apuntalar retomando el consenso del Pacto de Toledo.

El economista de VidaCaixaFernando Miguel Enríquez, insistió en que es imprescindible ir a un nuevo sistema de pensiones, en el que la aportación pública se complemente con un ahorro dentro de la empresa cofinanciado por la propia empresa y el trabajador, lo que requiere un pacto de estado entre partidos, sindicatos y patronal. “Este sistema debe tener una aplicación paulatina y generaría una gran masa de ahorro a medio y largo plazo”, confirma el economista.

Cerró la mesa la secretaria general de UDP Madrid, Cristina Rodríguez Porrero, que explicó su visión de lo que necesitan las pensiones repasando cada una de las letras de esta palabra. «La P es la del Pacto de Estado. La E es la del Estado. La N es de no, las pensiones no deben estar sujetas a fluctuaciones políticas o económicas. La S es sostenibilidad. La I es la letra del IPC. La O es la de las organizaciones de mayores, como agentes activos en la búsqueda de soluciones. La segunda N es de negocio, porque invertir en pensiones es un buen negocio. La segunda E la de la excelencia del Manifiesto de defensa de las pensiones públicas y dignas. Y la segunda S se refiere a la suficiencia que deben tener las pensiones por justicia y por dignidad».

La última mesa denominada “Testamento Vital” fue moderada por José Luis Baquero, director del Foro Español de Pacientes (FEP).

La primera en intervenir fue la presidenta de la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos (AMCP), Coro Pérez, que explicó cómo los cuidados paliativos afirman la vida. Y aclaró que, para la administración de estos cuidados, es de gran ayuda el Testamento Vital en que el enfermo indique como quiere ser tratado en estos casos.

La siguiente intervención fue la de Carolina García, magistrada y directora de la Agencia Madrileña de Tutela al Adulto (AMTA): «hay muchos adultos tutelados que no tienen familia pero que otros sí la tienen y dejan al adulto incapacitado al cuidado de la Administración … y cuando muere le heredan«.

Carmen Ortiz, médico y portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), recordó que la Ley de Autonomía del Paciente que entró en vigor en 2002 «reconoce el derecho a la información sobre su estado”. También obliga a recabar el consentimiento del paciente para la aplicación de cualquier tratamiento, condena la obstinación terapéutica por mantener la vida indefinidamente y reconoce el derecho a hacer Testamento Vital.

Cerró la mesa el notario y registrador jubilado Antonio Fernández-Golfín que recordó que «debemos hacer un testamento para organizar nuestra vida patrimonial y también hacer un Testamento Vital para que se respete la autonomía del paciente y se respete su personalidad. Ambos testamentos deberán hacerse en estado de plena lucidez. Se trata de medidas muy sencillas que, sin embargo, cuando llegue el momento, van a facilitar enormemente la vida«.

Muchas gracias al CEDDD por la confianza depositada en mí para asistir a estas Jornadas. Y muchas gracias a todos aquellos que defendéis el futuro digno de nuestros mayores.

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