Las escenas que se han visto por televisión son devastadoras. Las llamas han ido arrasando todo lo que encontraban a su paso. Y esta vez me ha tocado de cerca: la sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, cerca de mi pueblo natal.
La ola de calor que asola España desde hace una semana ha contribuido al desencadenamiento de virulentos incendios forestales a lo largo y ancho de su geografía. En estos momentos la situación en muy preocupante en Zamora y Navarra, además de en Cataluña y Aragón, con varios frentes activos.
El incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora) según los últimos datos oficiales de la Junta de Castilla y León, se extendió al valle del Tera y calcinó unas 30.000 hectáreas, traspasando los límites de la reserva de caza. El fuego cruzó la carretera Nacional 631 y la vía del AVE, por lo que se vio afectada la circulación de todos los trenes que circulaban entre Madrid y Galicia en ambos sentidos. Este incendio ha superado al incendio de Navalacruz (Ávila) del pasado año y que, hasta el momento, era el más virulento de la historia en la Comunidad.
El descontrol fue provocando reacciones políticas a lo largo de las horas inmediatas al incendio. El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, dijo en su cuenta de Twitter: «Junta, faltan efectivos. Haced algo de una vez, se nos quema la provincia».
A su vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitió esa noche al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ayuda del Ejecutivo nacional para luchar contra el incendio.
«He hablado con el presidente Fernández Mañueco y le he transmitido que el Gobierno de España va a seguir ayudando a Castilla y León con todos los medios a nuestra disposición para combatir el terrible incendio de la Sierra de la Culebra, Zamora», comunicó Sánchez en Twitter.
Todo un desconcierto, un descontrol y, sobre todo, una falta de previsión que no tiene calificativo posible, ya que despropósito queda muy corto.
Faltan políticas que tengan en cuenta la prevención de los incendios en nuestro país. Faltan políticas realistas que tengan en cuenta el cambio climático ya que se nos muere el planeta. Y existen soluciones, esto es lo que más indigna, que, existiendo soluciones, no se esté a la altura de aplicarlas.
También se conocen las soluciones para responder a este aumento del riesgo de incendio, anunciado en los años 80: es necesario desarrollar prioritariamente una política de prevención, es decir, defender los bosques contra los incendios para cada macizo forestal. Es lo que se conoce como defensa de los bosques contra el fuego.
Sin eliminar los riesgos (no existe el riesgo cero), esta política de prevención tiene el efecto de limitar y controlar su impacto y, en consecuencia, hacer más eficaz la intervención de los bomberos. Sin embargo, es necesario decidir su aplicación y financiación.
Todos los servicios ecosistémicos que proporcionan los bosques, las funciones económicas, medioambientales y sociales que desempeñan, deberían justificar fácilmente esta financiación, aunque solo sea por el almacenamiento de carbono, como regulador del clima.
Proteger los bosques contra los riesgos es una necesidad vital para el planeta y, por tanto, para todos nosotros; además, es una inversión rentable desde el punto de vista medioambiental, económico y social.
Si hay 20.000 bomberos y 5.500 agentes forestales en España, pero luego faltan medios, organización y planificación de su trabajo, significa que todos los responsables, tanto políticos (por la falta de reformas) como administrativos (por la incapacidad manifiesta que provoca daños incalculables, tanto económicos como medioambientales), no pueden estar en esos cargos públicos. Por lo tanto, la responsabilidad debe ser identificada por aclamación popular no en las filas de los políticos, sino también en las de la burocracia. En el mundo civilizado, estos costosos fracasos son una gigantesca responsabilidad política, por la que los ciudadanos deben exigir responsabilidades. La política y la burocracia deberían pagar por este desastre.
Si hay una industria que no funciona, si hay objetivos que no se cumplen o ineficiencias evidentes para el empresario, es decir, el ciudadano, el responsable debe pagar. En Irlanda, no en Marte, un ministro, un senador y el comisario europeo de Comercio (un papel muy importante) tuvieron que dimitir por la presión popular, no por robar o ser corruptos, sino por asistir a una cena con 80 personas en un club de golf, violando las normas anticorrupción que deben respetar los ciudadanos.
Cuando pienso que hay que desplegar recursos en planes gigantescos de prevención, protección y seguridad del territorio, empleando a cientos de miles de ciudadanos, estamos hablando de cosas concretas que pueden ayudar al país a cambiar de ritmo y a construir una conciencia colectiva, para que el ciudadano individual se convierta en el guardián de su territorio, algo que siempre ha faltado en nuestro país. Una ciudadanía atenta, exigente e intransigente produce una clase política y burocrática (que es el verdadero poder que dirige las cosas, pero que elude totalmente el escrutinio y la opinión pública) eficiente y responsable. Una ciudadanía que piensa en su propio jardincito y le importa un bledo lo que es público y colectivo produce la clase dirigente que tenemos.
Sin embargo, la «guerra contra el fuego» ofrece un espectáculo completamente diferente, mucho más televisado, con sus soldados de fuego, sus combatientes en tierra, en el aire y sus víctimas, y por tanto más mediático políticamente… mientras que la prevención significa ganar sin batalla y es mucho más discreto.
